El Acceso a la Información y las Bibliotecas Jurídicas en Argentina

Reportes sobre el COVID-19 en América Latina y el Caribe: No. 24 (In English)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la epidemia de COVID–19 como una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero de 2020. Subsecuentemente organismos internacionales elaboraron recomendaciones con relación al COVID–19 para que los Estados garanticen a las personas, con la adopción de distintas medidas, el derecho a la salud, los derechos económicos, culturales, ambientales, sociales, civiles y políticos.

Naciones Unidas específicamente promovió directrices vinculadas con el acceso a la información y la participación. En ellas se resaltó la importancia de la difusión de información precisa para evitar la discriminación y xenofobia provocadas por la desinformación y el miedo.

En el caso de la Argentina, el Poder Ejecutivo estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio – ASPO mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia  297 del 19 de marzo pasado y sus normas complementarias. Teniendo en cuenta las recomendaciones de los organismos internacionales vinculadas con el acceso a la información, el Poder Ejecutivo adoptó medidas para que la sociedad se mantenga informada. Estas medidas fueron orientadas a proteger el derecho a la privacidad y los datos personales de la población, especialmente los vinculados a estudios médicos realizados durante la pandemia, el respeto de la libertad de expresión y el derecho al acceso a la información pública.

A continuación se esboza de manera sucinta las medidas tomadas en Argentina que aseguran el acceso a la información pública y la información de la salud específicamente al igual que el rol que las bibliotecas en general y jurídicas toman en este proceso.

Medidas vinculadas con el Acceso a la Información de la Salud:

Con relación a esta medida, desde el 30 de marzo pasado, se brindan dos reportes diarios, uno matutino y otro vespertino. Estos informes son transmitidos por los medios de comunicación y publicados en el sitio oficial de Argentina.gob Informes diarios, donde están disponibles para ser consultados.

Medidas vinculadas con el Acceso a la Información Pública

Mediante la resolución 70/2020, la Agencia del Acceso a la Información Pública (AAIP) exceptuó la suspensión de los plazos administrativos establecidos  por el Decreto de Necesidad y Urgencia 298/20 y sus prórrogas, a los trámites previstos por las leyes N.º 27275 de Derecho de Acceso a la Información Pública y N.º 25326 de Protección de Datos Personales.

De esta manera, los procedimientos administrativos relacionados con el acceso a la información pública y a la protección de datos personales no se encuentran alcanzados por la suspensión de plazos administrativos dispuestos con motivo de la pandemia del COVID-19.

La AAIP dictó dicha resolución teniendo especialmente en cuenta que la continuación de la suspensión de los plazos para responder pedidos de información pública o para salvaguardar los derechos de protección de datos personales, podría, en la práctica, vaciar de contenido a esos derechos humanos fundamentales. La AAIP no olvida que tiene como mandato garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover medidas de transparencia activa, sobretodo en tiempo de mayor crisis.

En el contexto de pandemia por COVID–19, la AAIP además publicó las tres cartillas informativas siguientes:

Estas dos últimas guías, además de tener en cuenta la ley de Protección de Datos Personales (no. 25326), también hicieron hincapié en el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, aprobado en Argentina por la ley 27483.

Recomendación del Ente Nacional de Comunicaciones – ENACOM

Ejemplo de una reciente emisión televisada del Presidente Argentino, Alberto Fernández con un intérprete

En reiteradas oportunidades los canales de televisión tapaban con titulares o logos el recuadro en el que se encontraba la interpretación en lengua de señas. Debido a esto la Secretaría General de Presidencia de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad realizaron gestiones ante el ENACOM para que no se vulnere el derecho de las personas con discapacidad auditiva que utilizan la Lengua de Señas para acceder a la información.

En el marco del artículo 66 de la ley 26522 y mediante comunicación oficial, el ENACOM solicitó a los canales de televisión respetar el recuadro con interpretación en lengua de señas.

Acceso a la información y bibliotecas jurídicas argentinas

La primera vez que se mencionó el término “bibliotecas” en la legislación nacional vinculada con el COVID -19 es en el decreto Nº 408/2020. En la norma se hizo referencia a que la actividad de las bibliotecas no podría considerarse de excepción al cumplimiento del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio – ASPO.

El decreto 459/2020 mencionó a las “bibliotecas” como una de las actividades que estaban prohibidas en todo el territorio del país mientras dure el ASPO, al igual que los museos, centros culturales, centros comerciales, restaurantes, bares, gimnasios y clubes. Esto fue ratificado por el decreto 520/20 y subsiguientes.

En Argentina no se redactaron directrices para los servicios de las bibliotecas durante la pandemia ni un protocolo de apertura general a nivel nacional a pesar de la incertidumbre del momento. Hubo asociaciones provinciales o bibliotecas puntuales que redactaron sus propios protocolos.  Estos pueden ser consultados en la página web de Reciaria – Red de Redes de Información de Argentina.

En el caso de las bibliotecas jurídicas, en su mayoría dependieron de los protocolos de las instituciones a las que pertenecen (organismos internacionales, instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, Universitarias públicas o privadas, colegios profesionales, estudios jurídicos, etc.). Las bibliotecas jurídicas que tenían el servicio de biblioteca digital lo reforzaron y continuaron brindándolo. Las que no contaban con servicios digitales debieron adaptarse.  

Con el fin de difundir el trabajo que se estaba llevando a cabo la Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias Jurídicas – BibliotecasJuriRed y la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos realizaron de manera conjunta el “Relevamiento de los Servicios de las Bibliotecas Jurídicas en tiempos de Covid-19”. En este relevamiento se detallan los servicios que brindan las bibliotecas jurídicas de todo el país en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Por María Eugenia Naiaretti

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