El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y los Sectores Más Vulnerables en Argentina

Reportes sobre el COVID-19 en América Latina y el Caribe: No. 25 (In English)

Con motivo de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud – OMS, el Poder Ejecutivo de la República Argentina estableció el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio – ASPO mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 297, el 19 de marzo del 2020. Al momento de la emisión del decreto que estableció el ASPO, el actual Gobierno argentino tenía en el poder tres meses, pues asumió funciones el 10 de diciembre de 2019.

La medida de ASPO se encuentra vigente a la fecha (diciembre 2020), habiéndose prorrogado mediante nuevos decretos. Sin embargo, debido a que la situación epidemiológica no es la misma en todo el territorio argentino, algunas provincias se encuentran bajo Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio – DISPO, a fin de establecer una nueva normalidad a la brevedad.

El ASPO apunta al cuidado de la salud de la población y a resguardar el sistema de salud para que todas las personas puedan ser atendidas, pero ha traído complicaciones socioeconómicas para quienes se han visto privados de sus ingresos. Debido a ello, el Poder Ejecutivo federal ha tomado distintas medidas económicas.

Una de las medidas más importantes, por su alcance y porque está destinada a la población más vulnerable, fue la creación de la prestación Ingreso Familiar de Emergencia” – IFE, instituida por el Decreto Nacional 310, el 23 de marzo pasado. El IFE constituye un ingreso monetario no contributivo (equivalente a más de la mitad de un salario mínimo vital y móvil) que tiene como objetivo compensar en parte la disminución o pérdida de ingresos de las familias más afectadas por el ASPO. De hecho, es la prestación económica de mayor alcance ya que llega a casi nueve millones de trabajadores, los cuales son parte de la economía informal. En ese sentido, el IFE está dirigido especialmente a los hogares en los cuales hay trabajadores informales, desocupados y trabajadores con inserción laboral precaria (denominados “monotributistas de las categorías más bajas”).

Mediante resolución 8, del 30 de marzo de 2020, la Secretaría de Seguridad Social (SSS) aprobó normas complementarias en ese aspecto y facultó a la Administración Nacional de la Seguridad Social – ANSES para la administración, otorgamiento, pago, control, supervisión y recupero de percepciones indebidas del IFE. Además, en la Resolución 84/2020 de ANSES se establecieron requisitos adicionales para acceder a este programa.

A la fecha, se han realizado tres pagos bajo el programa de IFE, en tanto se evalúa el otorgamiento de un cuarto pago. La Dirección General de Planeamiento de ANSES en su “Boletín IFE I – 2020: Caracterización de la población beneficiaria” ha realizado un análisis de los resultados del primer pago, llevado a cabo durante los meses de abril y mayo. De acuerdo con la información detallada en el Boletín, cerca de trece millones cuatrocientas mil personas solicitaron el IFE en esa oportunidad. De ese número de solicitudes, casi ocho millones novecientos mil fueron los beneficiarios seleccionados. El resto de las solicitudes fueron rechazadas principalmente debido a que el titular o miembro del grupo familiar contaba con trabajo en relación de dependencia, poseía beneficios previsionales, era titular de un plan social incompatible o era extranjero y no había proporcionado información suficiente.

Del total de beneficiados para el primer pago del IFE, el 55,7% de solicitantes eran mujeres. En el análisis efectuado por ANSES, esta situación se  atribuyó a tres factores:

  • la desigualdad de género era más notoria en los sectores más vulnerables de la población 
  • en caso de haber más de un solicitante por hogar, se le dio prioridad a la mujer
  • alrededor del 27% de los beneficios de IFE fueron entregados a titulares de la Asignación Universal por Hijo, donde el porcentaje de mujeres supera el 90%.

Sobre el rango etario de las solicitudes, se estableció que el otorgamiento de este beneficio es decreciente con relación a la edad: la cobertura entre los 18 y 24 años es del 52%, entre 25 y 34 años es del 44%, entre los 35 y 44 años es del 28%, entre 45 y 54 años es del 21% y entre 55 a 65 años es del 14%.

La implementación de la prestación del IFE no fue sencilla; durante el primer pago hubo notorias dificultades operativas. Asimismo, dejó al descubierto desigualdades sociales que se deben analizar para avanzar en mejorar las políticas públicas de inclusión. Pese a ello, se realizó en tiempo récord y su cobertura alcanzó a todas las provincias del país, quedando demostrada una buena coordinación entre los distintos organismos de la Administración Pública y del sector bancario en general.

Por este programa la Organización de las Naciones Unidas – ONU reconoció a la Argentina como uno de los veintiún países que desarrollaron medidas específicas para hacer frente al COVID-19. En el documento “Volver la vista atrás para mirar hacia delante: un enfoque de derechos humanos para la protección social en la recuperación económica post COVID-19”, la ONU destacó al IFE como uno de los ocho programas en el mundo que tienen en cuenta la perspectiva de género, al haber cubierto la situación de las mujeres trabajadoras del sector informal durante la pandemia.

Sin duda, el IFE es la prestación económica de mayor alcance en la historia argentina y hasta el momento ha sido fundamental para evitar que tres millones de familias caigan en la pobreza y un millón cuatrocientas mil en la indigencia.

Por María Eugenia Naiaretti

Leave a Reply

%d bloggers like this: