Acceso a los Derechos de la Mujer en Argentina, Paraguay y Uruguay

Reportes sobre el COVID-19 en América Latina y el Caribe: No. 64 (In English)

En sus palabras introductorias, la moderadora, Gloria Orrego Hoyos comentó la lucha que ha significado en la región el “acceso a la información pública”, siendo esta fuente de poder para las personas, los pueblos y las ciudadanías, y como se ha manifestado en su relación específicamente con los derechos de las mujeres, visibilizando la falta de trasparencia en la información que les compete, que las empodera, y que hace posible el desarrollo y evaluación de políticas públicas para el ejercicio y garantías de sus derechos.

La 1° exposición estuvo a cargo Ornella Maza Gigena, abogada, Directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública de la Defensoría General de la Nación Argentina, quien habló sobre el “Acceso a la información pública y género en Argentina: avances, obstáculos y desafíos en la agenda”.

Comenzó su exposición contextualizando temporalmente la normativa e instituciones argentinas referentes en la América Latina, mencionando que el país se incorporó en el año 2017 a través de la ley 27.275, la que reconoció el derecho al acceso a la información pública como un derecho humano fundamental. Los organismos vinculados a ello como garantes del acceso a la información pública, comenzaron a funcionar recién en el año 2018, estableciendo una serie de cuestiones y principios estructurales del sistema, como el principio de presunción de publicidad, por el que toda información que genere el estado es considerada pública, siendo este el que debe demostrar la no publicidad, se rompe así el paradigma de secretismo estatal. 

La exponente mencionó, además, que la ley establece también un proceso corto para solicitar información y la obligación de entregar la misma en forma completa y en formatos electrónicos preferentemente; También, acciones de transparencia activa, es decir la publicación de información en los portales oficiales.

En cuanto a cuestiones de género, la ley no hace mención en forma específica, pero establece el sistema de legitimación amplia, es decir solicitud de información sin ningún tipo de requisito. En cuanto a la situación institucional, Ornella Maza Gigena  señalo, que aún no existen políticas específicas en las áreas que trabajan en la información pública, pero dado el principio de no discriminación y de máximo acceso, puede por medio de ellos facilitarse la inclusión de perspectiva de género en la publicación de la información; Remarco además, la importancia que tiene el que los sistemas de acceso a la información pública empiecen a trabajar de manera conjunta con la agenda de género, para poder detectar y visibilizar brechas-barreras-roles-estereotipos vinculados al mismo, ilustrando su exposición con distintos ejemplos en los cuáles las mujeres eran desfavorecidas en: cargos altos, ocupación laboral, brecha digital, trabajo doméstico no remunerado, composición de empleos por áreas. 

Finalmente, la Directora de la Agencia de Acceso a la Información Pública de la Defensoría General de la Nación Argentina mencionó el desafío y tarea que tienen todas las oficinas del estado de acceso a la información pública, de fortalecer y desarrollar el sistema, construyendo institucionalidad, publicando información en sus portales web, generando sus propias estadísticas (tarea realizada en este momento principalmente por la sociedad civil), generando criterios en la materia para su aplicación, y en cuestiones de género la necesidad de no solo servir de herramienta para preparar casos de incidencia, sino también como derecho autónomo de las mujeres de saber, participar en la vida pública, de pedir información y analizarla.

La 2° exposición estuvo a cargo de María José Duran, abogada, Asesora legal de la organización Semillas para la Democracia, quien habló sobre el “Acceso a la información pública en Paraguay”, contextualizo el tema dentro de la normativa del país, siendo la ley 5282 del año 2014 la norma específica del acceso a la información pública, resultado de una larga lucha ciudadana de la que formaron parte: organizaciones, actores sociales, académicos, periodistas, personas que tuvieron un importe rol en cuestiones de incidencia; Comento además, que la ley tuvo como antecedentes a su promulgación: -el litigio estratégico en los tribunales de varias organizaciones y actores sociales, el que culmino con un fallo de Corte Suprema de Paraguay, en el cual se incorporaron estándares del sistema de protección de derechos humanos, -el decreto reglamentario de la ley n° 4064 del año 2015, y -la acordada de la Corte 1005 del año 2015 que reglamentó los procedimientos judiciales para hacer efectivo los derechos de acceso a la información pública, a través de la garantía constitucional del amparo. 

La exponente mencionó que la ley otorga una amplia cobertura a la definición de fuente de información pública, incorporando todas las instituciones oficiales, poderes, entidades financieras del estado, universidades, gobiernos departamentales y municipales; En ese sentido todos tienen derecho de acceso a la información pública, sin la necesidad de justificar el motivo de la solicitud. En cuanto a los principios, se mencionaron el de -transparencia máxima, es decir el acceso es la regla y el secreto la excepción, -la obligación de publicar, es decir la transparencia activa, información mínima disponible sin esperar que el ciudadano lo solicite, la que deberá expresarse en un lenguaje sencillo y entendible, y –el gobierno abierto, como lucha contra la corrupción haciendo uso de tecnologías para fortalecer la gobernabilidad.

En cuanto a los obstáculos que se presentan, mencionó que el gobierno deja sobre la ciudadanía el peso del acceso frente a la denegación expresa o tácita de acceso, si bien puede solicitarse y ampararse constitucionalmente y el proceso es gratuito, se requiere ayuda técnica y legal para que el mismo sea judicializable; María José Duran  citó que a la fecha, hay 110 casos judicializados por denegación tácita de la información, siendo otros obstáculos -la falta de sinergia entre los datos de una institución y otra, -la brecha tecnológica, -la falta de Internet, -la falta de conocimiento por parte de la población del derecho de acceso, y –la falta de cobertura nacional en cuanto a un portal web oficial, los gobiernos departamentales y locales no poseen oficinas pertinentes en la materia.

En cuestiones de género, los obstáculos están relacionados con la ausencia de datos públicos o la no desagregación de ellos, evitando así la visibilización de situaciones o condiciones de las mujeres, que informen y expliquen, y como los actos de gobierno las afectan diferenciadamente. Otro obstáculo es el acceso a la justicia en temas de violencia, muchas veces ligados a limitaciones estructurales, pero en mayor medida a la actitud de los operadores que cuestionan denuncias, existiendo el marco normativo e institucional, pero persistiendo aún prácticas discriminativas para el acceso a los servicios de protección, siendo tampoco una excepción el de acceso a la información. Por ello, es un gran desafío la inclusión de las cuestiones de género en las políticas públicas con perspectiva de género y en la justicia, viéndose evidenciada en la situación atravesada durante la cuarentena, en la cual, víctimas de violencia y agresor se vieron en la obligación de convivir las 24 horas, desnudando así la ausencia de una respuesta estatal planificada para una atención integral que se ajuste a las necesidades y gravedad del problema.

Finalmente, la Asesora legal de la organización Semillas para la Democracia señalo que, existe un sistema punitivista respaldándose en la acción de denunciar por parte de las mujeres, pero muchas veces estás para realizarla, tienen que superar obstáculos y estigmatizaciones, la denuncia entonces es una opción, pero no la única, esta tiene que ser una decisión personal basada en información veraz y asesoramiento adecuado. 

La 3° exposición estuvo a cargo de Ana Lima, abogada y feminista, consultora en derechos humanos y de género, Coordinadora Nacional de CLADEM Uruguay, quien compartió información sobre “El acceso de las mujeres, niñas y adolescentes a sus derechos durante la pandemia”, señalando que en Uruguay las organizaciones feministas y de derechos humanos, participaron activamente en las cuestiones de género, normas que trataron y protegieron desde distintas aristas. Brindo, además, un panorama de la aplicación del cuerpo normativo en la sociedad, en especial como las mujeres, adolescentes y niñas han ejercido sus derechos durante la pandemia. 

La exponente comento que el reciente gobierno de su país es contrario o renuente a la agenda de los derechos de las mujeres, especialmente a los derechos sexuales y reproductivos, ocasionando bajo el escenario del Covid19 una profundización de desigualdades con las mujeres, obstaculizando los objetivos de desarrollo y la agenda 2030. En relación a la violencia intrafamiliar y situación del embarazo infantil, la obtención de datos se ha enlentecido o se ha dificultado el acceder a ellos.

Ana Lima hizo mención también, al desmantelamiento sistemático de equipos especializados en el Ministerio de las Mujeres, poniendo en riesgo el abordaje adecuado de esta áreas para la atención de la violencia basada en género, indicó que el cambio de orientación política en el Ministerio de Salud afecta al grupo, y que pese a la declaración de emergencia en su país por la muerte de mujeres, el Estado Nacional esta omiso en cumplir con la normativa pertinente, especialmente la creación de dependencias judiciales de incumbencia, alegando la Suprema Corte no tener recursos para tribunales especializados. Agregó también, que desde el gobierno informaron que los delitos contra mujeres han disminuido durante la pandemia, pero esta información contrasta con los datos brindado por diferentes servicios de ayuda a mujeres víctimas de violencia doméstica. 

Finalmente, la coordinadora nacional de CLADEM Uruguay aprovecho el espacio para pensar y exigir a los gobiernos acciones concretas, con perspectiva de género, que fortalezcan el sistema de cuidados, y que permitan un mejor dialogo con la Sociedad Civil, la que trabaja con datos generados por medio de investigaciones y actividades en red.

La 4ta. exposición, estuvo a cargo de Graciela Romero, doctora de derechos y ciencias sociales, Asesora jurídica en la agencia de gobierno electrónico y sociedad de la información y Coordinadora y asesora jurídica de la unidad de acceso a la información pública, su exposición “Derecho de acceso a la información pública con perspectiva de género: datos y planes de acción de la región” busco sintetizar los principales datos en relación al acceso a la información pública con perspectiva de género en Uruguay y en la región, presentando los principales resultados del proyecto de la RTA “ Modelo de transparencia y género” y el Plan de Acción DAIP y género de la región.

En su presentación mostro, como el concepto de información pública y su acceso adquieren distintos significados según el nivel educativo de las personas, en general, el nivel bajo de la sociedad no asocia información pública con información que el estado puede producir y/o posee, y dice no sentirse legitimada o autorizada a requerirla.

En cuanto al uso de internet, no hay diferencias de género, pero sí hay menor uso de la misma en los niveles bajos. En cuanto a la información buscada, los estereotipos están marcados, las mujeres consultan más sobre servicios, programas sociales y de salud, y los hombres más sobre cuestiones financieras, laborales y políticas. Dificultades de acceso presentan ciertos sectores como comunidades indígenas, rurales, pobres, mayores y con discapacidad.

La exponente señalo la importancia que se adopten políticas públicas, que provoquen cambios en la sociedad, que generen capacidades en quienes pueden reclamar los derechos de los que son beneficiarios, es decir que más allá de los cambios políticos se sientan confiados en reclamarlos. Señalo también, la necesidad de crear políticas públicas tomando como referencia la Ley Modelo 2.0 de la OEA, que incorpora la perspectiva de género y la interseccionalidad.

En cuanto a la presentación del proyecto RTA, Graciela Romero comento que el mismo se dividió en dos fases, la 1° constituyó el diagnóstico de la situación, y la 2° la elaboración de planes de acción, prueba piloto e indicadores de evaluación; El propósito del proyecto fue introducir la perspectiva de género en la producción, disponibilidad y publicación de la información pública. 

Finalmente, la Asesora jurídica comentó, que está en marcha la elaboración de la 1era. versión del “Manual de Buenas Prácticas para incorporar las perspectivas de género en la información pública objeto de transparencia activa”, el que incluirá además la interseccionalidad, dado que las mujeres no constituyen un bloque homogéneo sino heterogéneo, el que se puede desglosar en distintas dimensiones como: raza, cuestiones sociales, migratorias, condición de discapacidad, identidad de género, entre otras.

CONCLUSIONES:

Como características comunes entre las distintas exposiciones se pueden mencionar:

  • existencia de normativa en los países que conforman la región LATAM, respectiva al Acceso a la Información Pública.
  • dicha normativa no hace mención en forma específica a cuestiones de género.
  • dificultad en datos públicos en cuestiones de género o disgregación de los mismos o ausencia de sinergia entre las instituciones para compartir o elaborar datos en conjunto.
  • estigmatizaciones y estereotipos de género.
  • sociedad civil aporta datos e información relevante.
  • desafío y tarea de los estados, en construir institucionalidad en cuestiones de género, publicando información en sus portales web y generando sus propias estadísticas (ambas tareas cumplidas hasta el momento en forma parcial).
  • necesidad de políticas públicas, que permitan sentirse legitimadas y autorizadas las personas que reclaman derechos, como el Acceso a la Información Pública.
  • en definitiva, que el derecho que reconoce la letra de una ley, se consolide socialmente. 

Por Barbara Krieger

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